CONSTRUCCIONES EDIVIAL. Los sueños de más de 1 mil familias distribuidas en más de siete proyectos inmobiliarios en Caracas, se vieron frustrados y sus ahorros afectados cuando los propietarios de Construcciones Edivial - Hermanos Padrón-Ontiveros – huyeron a Florida (EE.UU.). “Terrazas de la Tahona, Bosque Los Samanes, Plaza Jardín, Mercedes 711, Rosal 702, Rosal 801, Rosal 900, Tahona 900; son algunos de los proyectos cobrados no iniciados, no culminados; con terrenos cobrados que no les pertenecían, obras abandonadas con deudas y hasta invasiones, además muy retrasadas, o donde los predios no estaban a nombre de las asociaciones”, según pormenoriza una fuente al tanto, quien agrega que en el negocio se ahogaba financieramente a los asociados, inversionistas, contratistas y proveedores con el tiempo, “fabricando “cuotas especiales” duplicando el período de entrega y justificando su truco inmobiliario, con la entrega; pero con la mitad de los acabados ofrecidos, muy mala calidad de materiales y el doble del tiempo”. HERMANOS PADRÓN-ONTIVEROS VS. EX MAGISTRADO MARCO TULIO DUGARTE. Construcciones Edivial entretanto, está en medio de una disputa que ha repicado en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, en donde los abogados de los Padrón y Ontiveros demandan el reconocimiento de sus derechos como dueños de la compañía y de los dividendos de la misma, asegurando que fueron usurpados por eL ciudadano César García Urbano Taylor y el exmagistrado del TSJ Marco Tulio Dugarte. “Nosotros tuvimos que dejar Venezuela por la intervención de nuestra empresa por parte del Gobierno durante el año 2010 en la campaña en contra de los constructores privados”, aseguró a un medio a principios de junio Rafael Ontiveros. De acuerdo a Ontiveros, Cesar García se les acercó ofreciendo invertir en un proyecto en la calle París con Mucuchíes, en Las Mercedes, Caracas. “Con el tiempo [César García] nos informó que quien estaba detrás de él era el magistrado Marco Tulio Dugarte, ahora exmagistrado, asunto que no nos gustó, pero que supimos después de hacer el negocio con César”, explicó. De acuerdo con las palabras del accionista de la firma Edivial C.A., cuando el Gobierno interviene la empresa César García Urbano les solicitó a los socios dejarlo a cargo de un proyecto en ejecución, por lo que le dejaron la obra y le firmaron un documento entregándole las acciones de la empresa, transacción en la cual, según Ontiveros, García les entregó un contradocumento. Posteriormente no lograron fuera posible, cuando le exigieron a García reconocerlos nuevamente como accionistas. PROTESTA LABORAL. En marzo de 2014 54 trabajadores de la empresa Construcciones Edivial S.A, cuyos propietarios huyeron del país, denunciaron a la inmobiliaria ante el entonces Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) por la falta de pago de sus salarios y tickets de alimentación. Se trataba de los obreros que construyen el desarrollo urbanístico Asociación Civil 801, ubicado en El Rosal, Caracas, quienes manifestaron la irresponsabilidad de la constructora. Ángel Ochoa, vocero del grupo, ratificó que tenían cuatro meses sin cobrar el salario y los tickets de alimentación, debido a que los dueños de la empresa se fueron del país, dejando además la obra inconclusa, "queremos que el Indepabis haga justicia, necesitamos el pago porque de eso depende nuestras familias", dijeron entonces. Como medida de presión paralizaron la ejecución del complejo habitacional Asociación Civil 801, que ya en 2014 tenía un año de retraso, a fin de que la empresa respondiera por la deuda que tiene con sus trabajadores. Paralelamente, se dirigieron a las oficinas a buscar explicaciones, y los representantes administrativos así como los constructores a cargo de la obra no les dieron respuesta, por el contrario hicieron caso omiso de sus reclamos. Los afectados, quienes aseguraron haber sido estafados por la referida constructora, pidieron justicia ya que “se han burlado de muchos venezolanos”. El entonces presidente del Indepabis, Augusto Montiel, recibió a un grupo de trabajadores de la mencionada inmobiliaria, propiedad también de Humberto Padrón, que dejó en el limbo a 54 personas, sin el pago correspondiente de sus beneficios laborales y además estafó a cientos de familias. "Esta empresa se dedicó a engañar a las familias venezolanas diciendo que pronto iban a entregar las viviendas, lo cual es mentira porque huyeron del país", expresó entonces Montiel.
Fuente: NC / Agencias - 18/06/2016
